1 de agosto de 2026. Basta de parches: es el momento de reconstruir el sistema de seguridad pública de Cataluña.
La seguridad pública en Cataluña atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. La falta de efectivos, la dificultad para mantener los refuerzos estivales y la creciente presión sobre las policías locales evidencian la necesidad de abordar una reforma profunda del modelo actual. Este artículo pretende abrir un debate constructivo y aportar propuestas que permitan garantizar un servicio público de seguridad eficaz, sostenible y adaptado a la realidad de nuestros municipios.
Durante estas semanas hemos compartido impresiones con diferentes jefes de policías locales de municipios de la costa catalana. Aunque cada realidad municipal tiene sus particularidades, todos coincidimos en un mismo diagnóstico: el sistema actual está mostrando síntomas evidentes de agotamiento y necesita una reforma profunda.
El primer problema vuelve a repetirse, un verano más: la contratación de agentes interinos.
Lo que debería ser un mecanismo para reforzar las plantillas durante la temporada estival se ha convertido, en la práctica, en una auténtica competición entre ayuntamientos. Cada municipio intenta ofrecer las mejores condiciones posibles para atraer y retener a los agentes, dentro de los márgenes que permite la ley. Sin embargo, los jefes de policía no pueden modificar salarios, ampliar contratos o alterar jornadas por iniciativa propia. Todo ello está sujeto a la normativa vigente, a los departamentos de recursos humanos y al control de la intervención municipal.
La realidad es que comienzas el verano con una plantilla de refuerzo y, pocas semanas después, empiezan las renuncias. Algunos agentes comunican que han recibido una oferta mejor en otro municipio y presentan su baja voluntaria. El resultado siempre es el mismo: el ayuntamiento pierde la inversión realizada en el proceso selectivo —tribunales, pruebas psicotecnias, reconocimientos médicos, formación, recursos humanos y materiales— y vuelve al punto de partida, precisamente cuando la población se ha multiplicado y la necesidad de presencia policial es mayor.
A esta situación se suma un nuevo factor. La bolsa de interinos gestionada por la Generalitat incorpora a quienes han superado procesos selectivos, generando nuevas oportunidades laborales para estos agentes. Cuando coinciden distintas ofertas, algunos municipios vuelven a quedarse sin efectivos en plena temporada alta. El problema ya no afecta únicamente a un ayuntamiento; afecta al conjunto del sistema.
Mientras tanto, responsables políticos y ciudadanía exigen más presencia policial. Una demanda completamente legítima, pero difícilmente alcanzable cuando las plantillas se encuentran en permanente movimiento y resulta prácticamente imposible consolidar los refuerzos de verano.
Otro fenómeno que preocupa especialmente es el incremento de bajas médicas coincidentes en determinados cuerpos policiales durante conflictos laborales. Popularmente ya se habla de la denominada "vaga azul". No corresponde poner en duda situaciones médicas individuales, pero cuando un elevado número de bajas se produce simultáneamente y compromete gravemente la prestación de un servicio esencial, resulta razonable preguntarse si los mecanismos actuales de control, seguimiento e inspección son suficientes para garantizar el equilibrio entre los derechos laborales y el interés general.
La ciudadanía necesita que los servicios esenciales funcionen con normalidad. Esa debe ser la prioridad de cualquier administración pública.
A todo ello se añade otra realidad que no puede ignorarse. Los Mossos d'Esquadra han realizado durante los últimos meses numerosas promociones internas, ascensos y procesos de acceso a especialidades. Si a ello se suman las vacaciones reglamentarias, muchos territorios han visto reducida temporalmente su capacidad operativa.
Las consecuencias son evidentes. En muchos municipios, las policías locales han pasado de asumir aproximadamente entre un 50 % y un 60 % de las actuaciones de seguridad ciudadana a soportar prácticamente la totalidad de las incidencias diarias. Son los propios ciudadanos quienes llaman directamente a su policía local porque perciben que el sistema no siempre ofrece una respuesta suficientemente rápida a través del 112 o porque, sencillamente, no existen patrullas disponibles de otros cuerpos para atender el servicio.
Es cierto que están previstas nuevas promociones de agentes, pero también debemos preguntarnos cuántos efectivos accederán a la segunda actividad o se jubilarán durante los próximos años. Sin una planificación global, seguiremos cubriendo déficits estructurales con soluciones temporales.
Quizá ha llegado el momento de mirar qué están haciendo otras comunidades autónomas.
¿Por qué no avanzar hacia modelos de cooperación más eficaces entre policías locales? ¿Por qué limitar la colaboración únicamente a emergencias o catástrofes?
Sería razonable estudiar mecanismos que permitieran reforzar municipios vecinos durante grandes eventos, fiestas mayores, festivales o incrementos extraordinarios de población. Que un jefe de policía pudiera solicitar apoyo temporal de otra policía local y que esos servicios extraordinarios fueran retribuidos conforme a la normativa vigente para aquellos agentes que voluntariamente quisieran colaborar.
No estamos hablando de una idea revolucionaria.
Hace más de veinte años ya existían experiencias similares en Cataluña. Agentes de diferentes policías locales acudían uniformados con el uniforme de su municipio para colaborar en dispositivos de gran afluencia de personas. Aquella cooperación permitía ofrecer un mejor servicio, aumentar la seguridad de la ciudadanía y proteger también a los propios policías, evitando que intervenciones complejas tuvieran que afrontarlas únicamente dos agentes.
La colaboración entre cuerpos no debilita a nadie. Al contrario, fortalece el sistema.
Ha llegado el momento de abrir un debate serio sobre el futuro de la seguridad pública en Cataluña. Un debate alejado de intereses políticos o corporativos y centrado en una única prioridad: garantizar un servicio público eficaz para la ciudadanía.
Si la administración competente no impulsa esa reflexión, quizá deban ser los propios municipios quienes, utilizando los instrumentos de colaboración que ya contempla nuestro ordenamiento jurídico y los convenios existentes entre administraciones, empiecen a construir soluciones desde el territorio.
Cataluña cuenta con 217 municipios con policía local. Si somos capaces de sumar esfuerzos, compartir recursos y eliminar barreras innecesarias, el sistema será más fuerte.
Porque la seguridad pública no puede sostenerse desde la confrontación permanente.
Se sostiene desde la cooperación.
Y ha llegado el momento de empezar a sumar para avanzar.